Puntos suspensivos… La tijera en el Congreso

Por Javier MEJÍA

 

Un total de siete empleados del Congreso del estado fueron despedidos de sus cargos de subdirector y coordinadores como parte del proceso de reingeniería que, en una primera etapa, se propone el recorte de 87 trabajadores, la desaparición de Institutos y crear nuevos tabuladores salariales para lograr un ahorro inicial de 56 millones de pesos.

Hace una semana en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso  se empezaba a revisar el dictamen de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, documento de 45 cuartillas que el 20 de octubre fue presentado al salón del Pleno “Benito Juárez García” por el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Andrés de la Rosa Anaya, mismo que fue aprobado por la unanimidad de los legisladores de Baja California.

Allí, se dio a conocer la exposición de motivos y la serie de artículos que se reformaban y/o derogaban para arrancar con una nueva estructura del Congreso, debido a que a partir de la reforma del 2 de octubre del 2010, es decir en dos trienios, se amplió la estructura del Congreso, hubo un crecimiento del 200 por ciento de su presupuesto y un descontrol en su función de dictaminación, así como una pérdida de profesionalización en sus funciones sustantivas y la creación de estructuras que no lograron sus fines ni sus objetivos trazados, particularmente los Institutos de Estudios Legislativos y de Opinión Ciudadana, mismos que desaparecerán o se unificarán.

Es decir la premisa de modernización no funcionó, se asienta en el dictamen referido.

Por ello, se procedió a desaparecer las Secretarias de Servicios Administrativos y de Servicios Parlamentarios pasando a ser direcciones, junto con las de Contabilidad,  Procesos Parlamentarios y Consultoría Legislativa, mientras  la Contraloría Interna, Asuntos Jurídicos, Transparencia y Comunicación Social pasan a ser Unidades Técnicas de apoyo al Congreso y al Orfis.

Se trata de cumplir con la austeridad, optimización de recursos, la transparencia y rendición de cuentas, agrega el dictamen.

Un primer paso se registró con el recorte de siete empleados con un ingreso promedio de 43 mil pesos mensuales, siendo el ex subdirector jurídico  Marco Antonio Ochoa Orduño con un ingreso de 52 mil pesos mensuales,  José Luis González Zatarain, ex coordinador de servicios parlamentarios, con  34 mil pesos,  Luis Alejandro Garzón Gutiérrez, ex coordinador de Programación con  44 mil pesos, Carlos Alberto Sandoval Avilés, ex coordinador de Transparencia con 33 mil pesos, Yesica García Rodríguez, ex coordinadora en Programación y Gasto Público con un ingreso de 33 mil pesos, Maritza Lara Armenta, ex coordinadora en Servicios Parlamentarios con 43 mil pesos y María Cristina Valenzuela del departamento jurídico con  33 mil pesos mensuales

Posdata para los PES Hermanos: Su propuesta de quitar el financiamiento público a los partidos políticos suena popular, pero ayer fue calificada de “incorrecta y demagógica”, además de que no ofrece otra alternativa y si abre la puerta al dinero e intereses privados, incluso del narco, dijo el senador panista Roberto Gil. Sera que ello pueden sostenerse de los donativos y de las limosnas de los fieles cristianos. Y hablando del PES, en la pasada sesión del Cabildo mexicalense hubo reclamos a la regidora Mayra Alejandra Flores Preciado, quien en casi tres años ha mantenida congelada la propuesta de creación del Instituto de la Mujer por considerar que es una cuestión “diabólica”, sin que las féminas mexicalenses que “luchan” por estas causas y que les encantan los reflectores hayan hecho algún posicionamiento en todo ese tiempo…

 

 

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